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17 de mayo de 2012
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Actas
La educación chilena como nuevo apartheid
Sergio Mansilla Torres

José Antonio Gómez, senador de la República de Chile, “precandidato” presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, apoyado por el Partido Radical, ha tenido el mérito de poner sobre la mesa de discusiones el espinudo tema de la educación chilena. Leyendo su programa de gobierno, aún provisional pareciera, queda más que claro que ya ni la propia Concertación -que hasta hace poco no hacía más que autocomplacerse con los “logros” de sus sucesivos gobiernos- puede ocultar el inmenso déficit social y cultural al que nos ha conducido el “modelo de desarrollo” neoliberal impuesto a punta de pistola por la dictadura de Pinochet, validado políticamente por una coalición social demócrata que prefirió, al desmontaje del injusto y excluyente orden político heredado de la dictadura, pactar con los verdugos de la democracia con el argumento de que entonces (1989-90) era lo único sensato que se podía hacer para evitarle al país más violencia. La verdadera razón es otra: evitar que la izquierda política más radicalizada, que llevó el peso de la lucha frontal contra la dictadura, se consolidara en sitios de poder lo suficientemente potentes para desmantelar el capitalismo del terror instaurado a fuerza de bota militar por un lado y de cuidada ingeniería política por otro, ingeniería diseñada y ejecutada por una eficiente intelligentzia de derecha que supo reclutar a sectores de la democracia cristiana, del “socialismos renovado” y de los propios radicales.

Entre los muchos acuerdos firmados a espaldas del pueblo estuvo mantener el aberrante sistema de educación, cuyo fin, si se mira bien, no es otro que asegurar la exclusión social, política y cultural de las clases populares, de manera que nunca éstas pueden siquiera soñar con tomarse el poder y/o llegar al gobierno llevando adelante un proyecto de cambio estructural que emulara al del gobierno de Allende. Sólo si la educación se ve desde esta perspectiva, cobra pleno sentido el creciente retiro del Estado de su labor educacional, los rápidos avances privatizadores de la función de educar a las nuevas generaciones en una suerte de ley de la selva por captar el mercado educacional, la vergonzosa segregación educacional de los niños pobres condenados a un apartheid del conocimiento y la cultura en sus formas más complejas y sofisticadas, la insistencia en una tecnocracia asfixiante que termina instalando la tesis en el corazón mismo de las unidades educativas de que cualquier cosa es más importante que enseñar en serio y aprender en serio.

No diré que el programa político de José Antonio Gómez encara todas las necesidades apremiantes que el país requiere satisfacer para terminar, de una vez por todas, con los amarres estructurales de una dictadura que en el modo de organizar el país, de generar y distribuir riqueza material y simbólica, tristemente se ha prolongado ya por casi 20 años desde que Pinochet entregara la banda presidencial a Patricio Aylwin en 1990. Pero es un avance si se mira su programa como un malestar que está afectando al menos a una parte de la Conceración que, al cabo de un tiempo, pareciera que ha caído en la cuenta de que así como estamos educando a nuestros jóvenes vamos, como país, derecho hacia un neofeudalismo de impredecibles consecuencias sociales y políticas para una sociedad, como la chilena, que, a pesar de todo, tiene una historia esencialmente republicana. No pienso que crear una universidad estatal, como propone el radicalismo chileno, sea la solución para el grave abandono de que es hoy objeto la educación pública estatal superior de parte de quienes hoy dirigen (gerencian, sería mejor decir) el estado chileno. Con todo, veo en esta propuesta el punto de partida para iniciar una discusión seria y -lo más importante- una transformación verdadera del sistema de educación chileno que, como fácil es de comprender, para que se realice tiene que transformarse el propio estado. Transformarse para ser un estado de verdad, una institución depositaria de la voluntad política de un pueblo y no una caja pagadora de subvenciones y subsidios que terminan siempre beneficiando a los más poderosos y no a los desposeídos (aunque a primera vista pareciera que los pobres fueran los beneficiados con políticas asistencialistas, de medio pelo por lo demás).

Habrá que ver si la izquierda política de este país ofrece algo más que acuerdos instrumentales para, dizque, “romper la exclusión” en el parlamento. ¿No sería hora de romper, por ejemplo, la exclusión del conocimiento de tanto joven pobre que, al cabo de 12 o más años de estudio sistemático en escuelas municipales y particulares subvencionada, con suerte pueden responder correctamente un promedio de 7 preguntas de matemáticas en la Prueba de Selección Universitaria de un total de 70? Si a los muchachos pobres les está vedado llegar a la Universidad, no es por un designio de la fatalidad del destino: es porque ha habido y hay personas, con nombre y apellido, que se han encargado de que esto sea así. Sin duda, es hora de romper la exclusión en Chile.

Febrero 2009