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Actas [an error occurred while processing this directive] 17 de mayo de 2012


Chile: Cuando la educación no educa (y el parlamento no parlamenta)
Sergio Mansilla Torres

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La manera en que se aprobó, en primera instancia el 19 de junio de 2008, en la Cámara de Diputados de la República la Ley General de Educación (LGE) es la evidencia de cuán separada está la clase política de su pueblo y, lo que es peor, cuán separada está de los principios propiamente democráticos por los que tantos chilenos lucharon en su momento para derrotar a la dictadura de Augusto Pinochet (incluyendo a algunos próceres gobiernistas que hoy se alinean con la “dictadura” del modelo neoliberal). Resultado de un acuerdo cupular entre la dirigencia de la Concertación de Partidos por la Democracia y la de la Alianza por Chile y de un manejo calculado por parte del Gobierno de la herramienta legal que le permite fijar los grados de urgencia con que los proyectos de ley han de discutirse en el Parlamento, la LGE se aprobó sin hacer ningún debate serio con los agentes verdaderamente responsables de la educación: los estudiantes y profesores de todos los niveles, universitarios incluidos; a los que habría que sumar a los padres y apoderados, a través de sus diversas organizaciones, en el entendido de que, precisamente, los padres y apoderados somos quienes tenemos que financiar, sea con nuestros impuestos generales y/o con las colegiaturas y similares (cuotas de centros de padres, montos por financiamiento compartido, aranceles universitarios o de Centro de Formación Técnica, etc), los costos de un sistema educativo cada vez más monetarizado, más caro y menos confiable.

Es impresentable que los honorables diputados no hayan cumplido con la labor para cual han sido elegidos por los electores y por la cual el país, o sea, todos los ciudadanos, les pagamos sus bien abultadas dietas parlamentarias (“abultadas”, si se las compara con el monto del sueldo mínimo de un obrero chileno, casi 100 veces menos que lo recibe un diputado sumando los diversos ítemes que conforman los recursos a los que los parlamentarios tienen acceso): no legislaron sobre la LGE; simplemente refrendaron un acuerdo previo extraparlamentario. Es cierto que el proyecto original fue modificado en un aspecto que le da a la ley un ligero aire pro educación pública, pero, en rigor, no pasa de ser un guiño para tranquilizar en algo las filas de la propia Concertación que no ha estado del todo contenta con este proyecto tal como el gobierno lo ha presentado. El hecho es que se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Pero cómo es posible que nuestro parlamento -su Cámara de Diputados-, en una materia tan relevante para el país como lo es una nueva Ley General de Educación, cuyos efectos pueden ser vasto y por muchos años, se comporte igual que una comisión ratificadora de un acuerdo político que está dando paso a una ley resistida por todos quienes piensan que la educación ha de ser, primero y antes que nada, un servicio público solidario, un bien social ajeno a todo lucro particular?

Es posible porque el parlamento no es representativo del pueblo chileno. El actual sistema binominal de elección no ha hecho sino ir separando paulatinamente, más y más, nuestra clase política dirigente de la población común que tiene que batallar día a día con las crecientes dificultades de la economía, y con las crecientes dificultades para educar a sus hijos. ¿Cómo va a ser democrático que una lista (coalición) que obtiene 34% de los votos alcance la misma representación parlamentaria que una que logra el 66%, obteniendo ambas el 50% de los escaños? ¿O que una lista obtenga el 32% de los sufragios, pero que esté en tercer lugar por debajo de otras con 34 y 33 % respectivamente, no pueda elegir a ningún parlamentario? No lo es, desde luego; de modo que los parlamentarios cada vez dependen más del apoyo de las maquinarias internas de partido que del voto popular.

Lo anterior ayuda a explicar por qué los diputados, con las debidas excepciones del caso, por su comportamiento en la “discusión” sobre la LGE, actuaron, de hecho, como obedientes funcionarios de partido, incapaces de resistir la presión de “llamados telefónicos” de “altos dirigentes”. Yo esperaría que en la cámara de senadores no ocurra lo mismo. Suficientemente desacreditadas están ya las instituciones democráticas chilenas como para sepultarlas todavía más por acción de quienes están precisamente llamados a defenderlas.

El parlamento se ha hecho como espacio político para parlamentar, es decir, para debatir y finalmente aprobar las leyes que favorezcan al país y rechazar aquéllas que se aparten del bien común. Presiones siempre va a haber en la arena política. Pero que los señores y señoras encargados por la ciudadanía para realizar la tarea de legislar, efectivamente legislen y no se limiten a rubricar lo que se ha acordado previamente en alguna oficina de gobierno o en la sede de algún partido político. Aunque, siendo realista, no hay que hacerse muchas ilusiones con el Senado de la República en materia de educación. Dado que algunos -los representantes de la derecha política- están convencidos de que el actual sistema de educación, basado en un estado subsidario reducido al rol de caja proveedora y de inspector administrativo de la educación “pública” provista por las municipalidades y los sostenedores privados subvencionados por el estado y en una política que estimula la competencia despiadada por los recursos y el mercado educacional a todo nivel, es lo mejor que la pasado a Chile, más allá de reconocer que habría que implementar algunas rectificaciones necesarias; dado, además, de que otros están convencidos de que la LGE es menos mala que la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) hoy vigente y que, aprobándola, se abriría la puerta para reformas más profundas y radicales que favorezcan la “educación pública”, el resultado más probable será la aprobación de una ley que no hará sino profundizar todavía más la crisis de la educación chilena, aunque ahora con una ley “democráticamente” aprobada y sustentada con una retórica aparentemente progresista y socializante.

Si la derecha defiende lo suyo, por lo menos hay que reconocerle su consecuencia ideológica y su capacidad para reproducir y legitimar un sistema que favorece su proyecto historico-político de país. Es más difícil de entender cómo es que parlamentarios que se eligieron para ser alternativa a la derecha, legislen para ella y cómo parlamentarios que no están de acuerdo con la LGE la aprueben de todos modos. Si alguien cree que aprobando una ley “en la medida de los posible” se abrirán más tarde las “grandes alamedas”, se equivocan medio a medio: desde 1990 estamos esperando que Renovación Nacional se digne a dar los votos suficientes que permitan cambios constitucionales de fondo (por ejemplo, fin al sistema binominal). En política nadie renuncia a sus intereses por buena voluntad; sólo las correlaciones de fuerza determinan los equilibrios y las reconfiguraciones de poder. La verdad es que los chilenos de a pie estamos hartos de que una minoría política, cada vez menos representativa, decida a puertas cerradas sobre los destinos de la nación.

Así y todo, el Senado, al menos con la LGE, tiene todavía la oportunidad histórica de no condenarse a cien años de soledad.


Julio 2008

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