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Actas [an error occurred while processing this directive] 17 de mayo de 2012


Chile: Hacia un concepto social de educación pública
Sergio Mansilla Torres

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La derecha política chilena, incluyendo importantes sectores de la Democracia Cristiana, estima que educación pública es cualquier oferta educativa que esté disponible, en teoría al menos, a cualquier persona sin importar quien sea el oferente y sin perjuicio del hecho que estas ofertas estén enmarcadas dentro de particulares marcos ideologico-doctrinarios que sostienen los proyectos educativos correspondientes. Esta oferta amplia y variada sería la clave de la “libertad de enseñanza”, y recaería entonces en los padres y apoderados la responsabilidad elegir informadamente lo que mejor convenga para la educación de sus hijos o pupilos. Asimismo, su rechazo a la expansión de la educación estatal se funda en el supuesto de que el estado tendería inevitablemente a la homogeneización ideológica de tipo “socialista” -el fantasma del totalitarismo estalinista (y sus variantes) suele ser mañosamente invocado-, algo que atentaría contra la libertad de elegir de las familias en materia de educación. En este contexto, la labor del Estado sería garantizar la existencia de una educación pública, de “calidad” se repite con insistencia, asumiendo que lo público sería aquel campo de oferta educativa que incluye el área estatal-municipal y lo estatal-privado (establecimientos “particulares subvencionados” se denominan en jerga chilena), tal como hoy están diseñadas.

Así, formulado en abstracto, el principio de la “libertad de enseñanza” parece inatacable. Pero las verdades generales tienen el inconveniente de no dar cuenta de las particularidades propias de la realidades concretas en las que las personas viven la historia cotidianamente. El experimento de la “libertad de enseñanza” tal como se lo diseñó en Chile lleva ya casi 30 años de ejecución. Cualquiera que mire con un mínimo de objetividad nuestro sistema educativo, tendría que reconocer que el grueso de la población -que obviamente no está en condiciones de comprar educación privada- no tiene mucho donde elegir: tiene que conformarse con lo que tenga a su alcance. Y lo que tiene a su alcance, cuando pueden elegir, es un conjunto de colegios de propiedad de municipalidades y/o de corporaciones municipales casi todas con severos problemas de financiamiento, en parte justamente por la competencia, no siempre muy leal que digamos, de colegios particulares subvencionados que compiten por el mismo segmento de población que atienden los establecimientos municipales (hay colegios que ofrecen bienes de consumo como premio a los estudiantes que matriculen en ellos). La otra opción para quienes no pueden comprar educación básica o secundaria son colegios particulares subvencionados, la mayoría de los cuales están más preocupados de asegurar la continuidad de su giro comercial que de garantizar educación de alta calidad académica. En muchos casos, sin embargo, estas opciones no existen como tales, sobre todo en sectores rurales, pueblos pequeños y en sectores urbanos marginales: los niños y adolescentes de estos lugares tienen que conformarse con el único colegio que, con suerte, los recibe. Lo cierto es que el resultado del experimento educacional derechista en Chile después de casi 30 años ha sido el reforzamiento, hasta límites vergonzosos, de la diferencias sociales tanto que el sistema educativo se ha llegado a convertir en una verdadera fábrica de castas sociales.

Se hace urgente rediseñar la educación pública chilena. Pero ahora entendiendo por educación pública aquélla que el Estado chileno ofrece a sus niños y jóvenes asegurando: a) Calidad académica, para lo cual se tendrán que tomar las medidas que correspondan, desde una óptima formación de maestros hasta la disminución del número de alumnos por curso, la infraestructura material, etc., considerando las variables socioculturales concretas. b) Gratuidad, universalidad y laicismo: la educación pública tiene que estar abierta a todos, sin excepción alguna, respetando todas las ideologías y religiones y sin discriminar por el nivel socioeconómico. c) Comunitaria, en el sentido de hacer de la educación la base de la construcción de la identidad ciudadana de los chilenos, procesos en el que la búsqueda del bien común sea el motor de la convivencia nacional. d) Fundada en la meritocracia académica; esto en lo concerniente a que los mejores alumnos tengan opciones reales de continuidad de estudios avanzados sin estar sujetos a que si sus ingresos familiares o personales les permiten pagar o no sus estudios superiores.

Es factible pensar que esta educación pública estatal se pueda ofrecerse por varias vías: establecimientos municipales, establecimientos particulares cooperadores de la función educativa del Estado, establecimientos de propiedad de universidades públicas que formen maestros, establecimientos de propiedad de Ministerio de Educación, establecimientos de propiedad de los gobiernos regionales, etc. Habría que estudiar en detalle cómo montar un nuevo sistema, resguardando la libertad de proyectos educativos y, al mismo tiempo, resguardando que los objetivos y contenidos mínimos establecidos por el Estado efectivamente se logren. Lo que definitivamente sí habría que desterrar de la educación pública es la lógica de la competencia comercial por el mercado educativo, algo tan nefasto que nos está llevando a una crisis no sólo educativa, sino, sobre todo, política cuyas consecuencias últimas pueden ser, para el país, gravísimas.


18 de junio de 2008

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