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Actas [an error occurred while processing this directive] 17 de mayo de 2012


Si no se apruebe la Ley General de Educación, lloraremos; y si se aprueba... también
Sergio Mansilla Torres

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En estos días de agitación estudiantil y de maestros, personeros de gobierno y parlamentarios oficialistas (v. g. Camilo Escalona), dicen no comprender el porqué de las movilizaciones estudiantiles contra la Ley General de Educación (LGE), ni menos las que anuncian los profesores para la semana próxima, dado que, a su entender ya se hicieron las indicaciones correspondiente para fortalecer la educación pública y mejorarla. Sería hora, dicen, de presionar a la derecha política para que en el Parlamento conceda los votos suficientes para aprobar la nueva ley de base de la educación chilena que -siempre según su parecer- es notablemente superior a la actual Ley Orgánica de Enseñanza (LOCE). El dilema lo ven entre LGE o LOCE, y, claro, si el dilema fuera efectivamente éste, resultaría incomprensible rechazar la LGE, pues, en efecto, esta última mejora aspectos no despreciables en el funcionamiento del actual modelo de educación chileno.

Sin embargo, a estas alturas está muy claro que el asunto de fondo no pasa por discutir si la LGE o si la LOCE son mejores y cuál ley garantizaría más óptimamente la continuidad del actual sistema educacional. El meollo del problema está en que vastos sectores de la sociedad chilena ya no quieren continuar con este sistema clasista, diseñado en plena dictadura militar por la intelligentzia derechista de entonces para asegurarse de que nunca más en Chile los sectores populares accedan a una educación con la suficiente calidad que les permitiera alguna vez llegar a ser nuevamente gobierno y reeditar, con las diferencias que impone la historia, la experiencia de la Unidad Popular. La LOCE se “promulgó” un día antes de que el dictador Augusto Pinochet dejara la presidencia de Chile, aunque su diseño y puesta en práctica viene de 1981. Lo verdaderamente incomprensible es que el grupo negociador de la Concertación que pactó la transición, entre los que están muchos de quienes hoy se hallan encaramados en importantes puestos de poder político, hayan aceptado esta y otras leyes de amarre como una especie de fatalidad de tragedia griega. Y lo todavía más incomprensible es que después de 18 de años de gobiernos “democráticos” no se haya hecho nada en serio para terminar con un ordenamiento educacional diseñado ex profeso para mantener la desigualdad social.

Ahora, como gran cosa, se quiere convencer de que aprobar la LGE sería una puerta que se abriría a un cambio histórico en la educación chilena. La propia coalición gobernante sabe que es una ley que no resuelve, en lo jurídico se entiende, los problemas de fondo de la educación de nuestro país. La prueba de ello fueran las 150 indicaciones que el diputado Carlos Montes y otros le hicieron al proyecto, y que fueron luego retiradas por presiones de la Moneda para “honrar los acuerdos” con la derecha política. Luego el gobierno agrega dos indicaciones con las cuales se hace un guiño a la educación pública, a ver si se acallan las voces de quienes reclaman airadamente por ella.

Lo incomprensible -y triste para nuestra frágil democracia- es que una ley como ésta, que tiene un enorme impacto sobre la sociedad chilena, se haya diseñado en un acuerdo político, hechos entre cuatro paredes, entre el gobierno y los dirigentes de los partidos que tienen representación parlamentaria, y que luego no se le pueda cambiar ni una coma al proyecto en el Congreso. ¿Quién legisla en Chile entonces? Creo firmemente que el Parlamento está muy lejos de representar todas las sensibilidades políticas de la sociedad chilena, pero aun así es el Parlamento, y la ciudadanía espera que allí se discutan y se aprueben leyes que favorezcan de verdad al país. Y no que sea un simple buzón de acuerdos intercoaliciones y extraparlamenarios. Para eso, mejor cerramos el Congreso y bastante dinero que se ahorraría el país.

Chile necesita refundar su sistema educacional. Y claro, esto no se conseguirá nunca mientras sigamos regidos por la actual Constitución Política (que hace rato debería haber sido ya reemplazada por una genuina constitución democrática). Como la LOCE es una ley de rango constitucional, no se puede derogar si no es con anuencia de la derecha. Y la única anuencia que ha dado hasta ahora la derecha es aprobar la LGE, eso sí, sin permitir ni el más mínimo cambio que viole, a su parecer, el acuerdo de noviembre de 2007. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que la derecha va a defender con dientes y muelas un sistema que satisface plenamente a sus objetivos políticos e ideológicos, más allá de que ella misma reconozca falencias en la calidad de la educación (una calidad que, desde su perspectiva, tendría que ser compatible con el modelo de desarrollo capitalista neoliberal, por cierto).

Puede que el club de políticos divorciados de su pueblo se pongan de acuerdo y aprueben finalmente la LGE. De ocurrir, habrá sonrisas, apretones de mano; declaraciones rimbombantes sobre la relevancia de la educación, etc. Si no se aprueba, habrá acusaciones cruzadas entre parlamentarios, gobierno, dirigentes políticos… Pero el gran pantano en que nos estamos hundiendo seguirá ahí. Chile necesita una educación estatal, pública, pluralista, laica, democrática, que dé oportunidades de igualdad a todos. Desde luego, la educación privada, confesional o no, seguirá existiendo (y es bueno que siga existiendo). Pero el paradigma educativo de la nación tiene que ser de propiedad social, de todos chilenos, un servicio público en el exacto sentido del término. La educación es y tiene que ser siempre, de veras, un derecho absolutamente garantizado por el estado que la sociedad chilena se ha dado a sí misma para organizarse y gobernarse. La gran traba para conseguirlo es la actual Constitución Política. Es hora entonces de reemplazarla por una nueva Carta Fundamental que, entre otras cosas, impida que el dilema sea entre optar por leyes como la LOCE o la LGE, que nadie, salvo la clase política dominante, defiende.


13 de junio de 2008

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