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Actas [an error occurred while processing this directive] 17 de mayo de 2012


Universidades chilenas estatales de regiones: contra el peso de la noche (incluye Carta abierta a Michelle Bachelet)
Sergio Mansilla Torres

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De “estatales” las “universidades estatales” chilenas cada día tienen menos. El proceso de desmantelamiento de la educación pública estatal viene de inicios de los años de 1980, cuando la dictadura de entonces modifica sustancialmente el sistema de educación chileno con el fin de dar paso a la educación municipal, a los educación privada subvencionada por el estado, la creación de los Centros de Formación Técnica (todos privados), a la aparición masiva de universidades privadas fundamentalmente dedicadas a la “venta de servicios educativos” en forma de carreras de formación profesional (pregrado) y, muy en menor medida, programas de postgrado (la investigación científica, salvo excepciones que confirman la regla, no ha sido nunca objetivo relevante de estas universidades). Al mismo tiempo, las sedes de provincia de las antiguas universidades de Chile y Técnica del Estado las autoridades de la época las transforman en universidades regionales autónomas “estatales” reduciendo a U. de Chile. a una universidad capitalina y haciendo desaparecer la Universidad Técnica de Estado (lo que queda de ella en la capital es la actual Universidad de Santiago de Chile).

Una de esas universidades autónomas regionales, llamadas también “derivadas”, es la Universidad de Los Lagos, fusión de las antiguas sedes de la U. de Chile en Osorno y la U. Técnica del Estado, en Puerto Montt. Antes de ser Universidad fue, entre 1981 y 1993, Instituto Profesional -el Instituto Profesional de Osorno, I.P.O.-, una especie de college que, presuntamente, debería haberse dedicado exclusivamente a la formación profesional de pregrado exceptuando una lista de carreras que la dictadura consideró que eran exclusiva y excluyentemente universitarias (p. e., ingenierías civiles, medicina). En 1994 el I.P.O., por presiones políticas y académicas de la comunidad local, y también porque la figura de Instituto Profesional estatal resultó insostenible dentro del propio ordenamiento institucional en materia de educación de entonces, se convirtió en la actual Universidad de Los Lagos (recordemos que la Universidad Tecnológica Metropolitana fue también Instituto Profesional en el mismo período en que lo fue la Universidad de Los Lagos; fueron, de hecho, los únicos dos institutos profesionales estatales). El cambio de estatus jurídico e institucional no significó, sin embargo, un cambio en el sistema de financiamiento estatal, y continuó recibiendo porcentualmente lo mismo que recibía cuando era Instituto Profesional. En cierto modo el cambio fue para peor en el sentido de que con los mismos recursos se debió afrontar la urgente tarea de hacer universidad: abrir nuevas carreras, crear programas de postgrado, potenciar la investigación científica y la creación artística, mejorar la vieja infraestructura, construir nueva.

Siempre se puede administrar mejor los escasos recursos pero no se puede hacer milagros cuando no se es Dios. En efecto, arrojada a la inestable arena del autofinanciamento en tramos cada vez mayores de su presupuesto operacional y de inversiones, la Universidad de Los Lagos terminó convirtiéndose e una institución que ofrece carreras y programas en distintas partes de Chile emulando el modo privado de reclutar estudiantes y de ofrecer los servicios educativos, y manteniendo sólo en Osorno y Puerto Montt la modalidad de ingresos vía Prueba de Selección Universitaria en un régimen de universidad propiamente estatal (hasta donde hoy pueden ser estatales las universidades del Estado de Chile). Distintos sectores, incluyendo el Ministerio de Educación, no han visto con buenos ojos esta expansión de tipo “privado” de la Universidad de Los Lagos. Admitiendo que en este asunto la propia Universidad de Los Lagos ha cometido errores injustificables, sería de una ceguera igualmente injustificable no ver en esta expansión la puesta en práctica de uno de los fundamentos tan caros al Estado chileno actual, tan ardorosamente defendido por la clase política dirigente de hoy, de derecha y concertacionista: la competencia por los mercados, el mercado educacional en este caso.

Pero las universidades del Estado de Chile, y más todavía si éstas se hallan instaladas en regiones donde la urgencia de formar “capital humano” endógeno constituye una tarea de primera importancia si queremos un desarrollo igualitario y democrático de nuestro país (no olvidemos que Chile es un país patológicamente centralista), no tendrían por qué competir comercialmente con sus “similares” privadas, porque, en rigor, no son sus similares. La Universidad de Los Lagos, en Osorno y Puerto Montt, recibe mayoritariamente estudiantes pobres, de familias obreras y campesinas de la región; estudiantes que provienen casi todos de liceos y colegios municipales y que vienen con serias deficiencias académicas (y no necesariamente porque sus profesores hayan sido malos): hay que enseñarles, literalmente, a leer y a escribir en el nivel que les permita cursar una carrera universitaria; brindarles atención médica; alimentarlos a muchos de ellos; formarlos en competencias básicas que estudiantes de otras universidades, que atienden a segmentos de población más favorecidos, ya dominan al momento de ingresar; muchos de estos jóvenes son, además, la primera generación universitaria en sus familias. La labor de promoción social que la Universidad de Los Lagos realiza es, en este aspecto, inmensa, situación no muy diferente, por cierto, de la mayoría de las universidades regionales derivadas. Sin embargo, al gobierno, al Ministerio de Educación, pareciera que esto no importara: lo que sí importa es que las Universidades compitan entre sí, confirmándose una y otra vez la visión de la dictadura pinochetista: un Estado aparentemente neutro que pone fondos a competir, algo que últimamente se ha extremado al incluir a todas las instituciones privadas junto con las estatales a competir por recursos financieros que son de propiedad social de todos los chilenos. Y digo “aparentemente neutro” pues tal neutralidad es un modo, muy eficiente, de favorecer siempre a los más poderosos.

No es de extrañar que la comunidad educativa, en especial la del área pública, esté molesta con el proyecto de la nueva Ley General de Educación, actualmente en trámite en el Congreso. Era la oportunidad para corregir problemas de fondo del sistema de educación y establecer las bases jurídicas para terminar con el verdadero apartheid social que el sistema educacional está generando en la sociedad chilena, algo de imprevisibles consecuencias. Nada de eso hallamos, lamentablemente. Sólo un gatopardismo lastimoso, resultado de acuerdos cupulares entre políticos de las dos coaliciones con representación parlamentaria que deciden, a puertas cerradas, leyes cruciales para el rumbo histórico de la nación. Pareciera que importan más estos acuerdos que aseguran continuidad del actual orden político -muy desprestigiado a estas alturas- que escuchar el clamor de tantos chilenos que esperan que una de las columnas vertebrales de cualquier democracia moderna se materialice de veras: el acceso igualitario al conocimiento. ¿Por qué no hacer un plebiscito para que los chilenos decidamos sobre qué tipo de sistema educacional queremos?

“Se requiere que el Estado tenga una educación pública como paradigma, más allá de que exista diversidad de proyectos educativos y que haya laicos o religiosos que quieran instalar su particular visión de educación […] Pero se debe privilegiar a la educación pública, con un financiamiento que garantice que los que estudian allí van a saber tanta matemática o castellano como los que van a colegios privados” (Nicolás Grau, cit. por Juanita Rojas, “Reforma Educacional. Un examen reprobado”, Revista Análisis 30 años, diciembre de 2007).

Junio de 2008


Transcribo, para fines de difusión, la carta abierta dirigida a la presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria, de parte de la comunidad académica de la Universidad de Los Lagos, Campus Osorno, y la declaración pública de la Asamblea de Académicos de la Universidad de Los Lagos, Campus Chinquihue, Puerto Montt.



OSORNO, 28 DE MAYO DE 2008

S. E. PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE CHILE
SRA. MICHELLE BACHELLET JERIA.
PRESENTE.


De nuestra consideración.


Junto con saludarle a través de la presente misiva queremos muy respetuosamente expresarle lo siguiente.

Los/as estudiantes, funcionarios/as académicos y no académicos de la Universidad de Los Lagos sede Osorno, respecto a la actual situación del sistema educativo amparado hasta ahora por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza “amarrada” en el ocaso de la Dictadura y lo que significa el eventual proceso de Promulgación de la Ley General de Educación como “respuesta” a las necesidades denunciadas por la llamada “Revolución Pingüina” durante el año 2006, han decidido realizar una movilización de carácter indefinida desde el día Lunes 19 de mayo del año en curso con el objetivo de reflexionar profundamente sobre la actual y futura situación de la Educación Chilena en el escenario de mantenerse los, hasta ahora, vigentes aspectos legales que permiten al actual sistema neoliberal tratar a uno de los derechos más pulcros e inherentes del ser humano como una “vulgar” mercancía.

Como integrantes de una Universidad Pública de carácter regional, y ejemplo vivo de las desigualdades producidas por el marco legal que actualmente nos rige, creemos estar respondiendo a un deber moral y ético al manifestarnos e intentar hacer consciente a la comunidad que nos circunscribe respecto de la crisis que la educación de nuestro país viene mostrando desde ya bastante tiempo y que no da señales de mejora en el caso de aprobarse la nueva propuesta legal que su Gobierno pretende institucionalizar.

A continuación mencionamos algunos de los elementos centrales que otorgan consistencia y que son la “columna vertebral” del movimiento en el que hoy nos vemos inmersos, en donde día a día se nutre aún más nuestro sueño de un Chile mejor, ese que todo discurso menciona pero que pocas manos se atreven a construir.


1. La educación debe ser concebida como una inversión que realiza el Estado hacia cada uno de los integrantes de la sociedad, por ello se debe garantizar el acceso real a ésta. Ello nos induce a plantear y exigir su gratuidad ó, en su defecto, el congelamiento de los aranceles, estableciendo la homologación del arancel de referencia al arancel real en las Universidades del Consejo de Rectores.

2. Las políticas de continuidad y afianzamiento de las reformas de mercado emprendidas en el período militar, han promovido la expansión y crecimiento de universidades privadas, junto con el fomento al lucro en el sistema educativo chileno, situación de la que no está ajena la educación superior. La expansión de la oferta y los mecanismos indirectos de financiamiento estatal a la educación superior privada, han intensificado la competencia por recursos entre instituciones (puntajes de los estudiantes y competencia entre académicos por recursos para investigación), situación que deja en clara desventaja a las universidades estatales frente a las privadas: a costa de los exiguos presupuestos que les entrega el Estado, las universidades estatales siguen cumpliendo un rol preponderante en la movilidad social del país, a la vez que se han visto obligadas a generar recursos propios para asegurar su continuidad en el sistema.

3. La creación de un mecanismo de Aporte Fiscal que permita terminar con el autofinanciamiento de las universidades, y que entregue una mayor inyección de recursos. Además de eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), por representar una distribución de recursos mal focalizada, que produce una desprotección en la mayoría de las Universidades Regionales. En este aspecto, la Universidad de Los Lagos, si bien recibe aporte del Estado (33%), este no alcanza a cubrir todo su gasto de funcionamiento, debiendo buscar mecanismos de autofinanciamiento que caen en una lógica de competitividad y generación de recursos, lo cual conlleva a un proceso de privatización que desliga al Estado de un rol más protagónico y preponderante en la Educación Pública.

4. En el caso particular de nuestra Institución, el cambio de Instituto Profesional a Universidad Regional no significó mayores aportes por parte del Estado, ya que se mantuvo la asignación del AFD establecida por ley el año 1981, lo que ha significado competir en clara desventaja con otras instituciones de Educación Superior.

5. Con profunda preocupación vemos cómo el Estado de Chile, a partir del año 1990 (luego del retorno a la democracia) se ha ido desentendiendo de sus instituciones de Educación Superior. No olvidemos que, históricamente, son estas instituciones las que han contribuido al desarrollo político, económico y social de nuestro país.

6. En las movilizaciones de estudiantes secundarios se estableció el fin al lucro. Para ello se exigió la derogación de Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el veto a la Ley General de Educación, debido a que esta última no recoge, en su cabalidad, las demandas estudiantiles, y que, lamentablemente, no establece los cambios profundos y sustanciales que permitan mejorar el sistema educativo.

7. La gratuidad en la obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es considerada una solicitud legítima, debido a que significa un gran apoyo a las familias de quienes son parte del sistema educativo, tanto Secundario como Universitario. Creemos necesario que el Estado gestione mecanismos de subvención con los privados que aseguren este beneficio.

8. Se hace así necesaria la modificación de los decretos 20, 45 y 212 que urgen en el sistema de transporte hacia los estudiantes de Educación Superior; para ello solicitamos, por un lado, la extensión del beneficio en los meses de verano, así como establecer en los gremios de transporte la fijación de la tarifa escolar en todo el país en un 25% de la tarifa normal y regular. Asimismo, la fiscalización efectiva al cumplimiento de los Decretos relacionados en materia de transporte una vez modificados éstos, respetando además los acuerdos conseguidos hasta el momento.

9. Exigimos en el plano institucional el fortalecimiento de los espacios de participación y, sobretodo, de decisión de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, tanto de funcionarios, profesores y estudiantes. Es por esto que se debe establecer, de forma permanente y continua, la Triestamentalidad, que vaya en relación directa con los lineamientos y las políticas que la Universidad adopte en su proyecto educativo y de desarrollo institucional. De esta forma, se reafirma el rol de la Universidad como un espacio abierto en el que cada uno de sus integrantes se siente un ente activo, partícipe e informado de las diversas decisiones que se establezcan al interior de ésta.

10. Terminar con el pago por parte de las Universidades del Consejo de Rectores a los Centros Asistenciales de Salud, a través de los acuerdos docentes que cada Casa de Estudio realiza con el centro respectivo en materia de prácticas profesionales.

11. Eliminar sanciones y condicionalidades académicas por deudas económicas con la Universidad, debido a que se debe analizar en profundidad la (s) razones que han originado que un estudiante presente deudas con su institución.

12. Por último, tras el análisis realizado en materia de Financiamiento en el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, se considera que existe una homologación entre las Universidades Públicas y Privadas a la hora de obtener los beneficios del Estado, lo que deja en igualdad de condiciones a estos dos tipos de entidades. Como estudiantes de una Universidad perteneciente al Consejo de Rectores no compartimos, ni legitimamos esta postura gubernamental, debido a que creemos que el Estado tiene que tener como preocupación fundamental, fortalecer la Educación Pública por sobre los intereses comerciales de las Universidades Privadas.

Son estas las razones que hoy nos movilizan por la defensa de una Educación Pública y de calidad, que de garantías de equidad en el acceso y formación de ciudadanos/as que aporten al desarrollo de nuestro país “empapados/as” de valores como el respeto, tolerancia y solidaridad, aspectos que de un tiempo a esta parte nuestro sistema educativo ha supeditado al mecanismo de libre mercado.

Esperamos que nuestra voz sea escuchada, ya que hemos hecho uso de las instancias de diálogo pertinentes que un país en democracia permite a sus ciudadanos/as para expresar sus ideas.

Sin otro particular y esperando producir una reflexión, a nuestro juicio necesaria, se despiden respetuosamente de usted.


Estudiantes
Asociación de Académicos
Asociación de Funcionarios
Asociación de Profesionales
Universidad de Los Lagos
Osorno




DECLARACION PUBLICA DE LOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, PUERTO MONTT

Los Académicos de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt nos hemos reunido en una jornada de reflexión sobre la situación de la Educación en Chile, y declaramos lo siguiente:

1.- La movilización de la comunidad estudiantil y académica por mejorar la equidad y calidad de la educación en todos sus niveles, es una reivindicación justa y de la más alta importancia para el futuro del país. El establecimiento en 1981, de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, por la dictadura militar, inicio un proceso sistemático de declinación de la educación pública, en la cual por un lado, se transfirió la enseñanza básica y media a las Municipalidades sin el acompañamiento de los recursos y condiciones que ello ameritaban. Por otro lado, la LOCE abrió un espacio de educación universitaria privada a los grupos económicos y de interés doctrinarios ajenos al tradicional quehacer científico, favoreciendo la emergencia del mercado de la educación superior. De esta manera, se materializa un deterioro progresivo de la enseñanza media y superior del Estado, que se traducen, en la actualidad, en una inequidad de oportunidades para los sectores sociales de más bajos ingresos y una insuficiente calidad de la educación.

2.- Las pálidas reformas educacionales de la década de los noventa no fueron eficaces, pertinentes ni suficientes para contrarrestar sustancialmente la tendencia anterior de una insuficiente calidad en la educación estatal. Fueron mejoras del período: el incremento de la infraestructura educacional, el aumento de la cobertura territorial y social de alumnos y el mejoramiento de las condiciones laborales y de remuneración de los docentes.

3.- La Universidad de los Lagos recibe cada año un porcentaje cercano al 90% de estudiantes provenientes de la educación pública que tienen carencias significativas en las áreas de las Ciencias Básicas y Matemáticas, comprensión lectora, expresión oral y escrita. Esta situación tiene sus orígenes en una causa parcial compartida, por un lado, entre los contenidos entregados por la escuela pública, y por otro lado, en las desmejoradas condiciones sociales de vida que se deben a la proveniencia de origen de los sectores de menores ingresos.

4.- Las insuficiencias de base de los alumnos que ingresan a las Universidades Estatales regionales son cubiertas con programas remediales de nivelación que estas impulsan, y que resultan insuficientes para recuperar los atrasos de aprendizaje que arrastran estos alumnos de la enseñanza media.

5.- La Ley General de Educación (LGE) en la actualidad, como proyecto de ley de un futuro marco regulatorio de la educación en Chile es insuficiente, parcial, imprecisa y no responde al diagnóstico central de las causales de los malos resultados de la educación estatal. Estos radican en dos pilares: las inequidades sociales y las insuficiencias de los establecimientos educacionales de carácter público. Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de la educación depende de un cambio radical del marco regulatorio de la educación pública y de una política publica hacia la educación estatal que mejore sustantivamente en el plano cuantitativo y cualitativo la asignación de recursos por parte del Estado a ésta.

6.- El país requiere de un sistema educacional mixto en la cual, por un lado, el sector privado continúe libremente ofertando programas de enseñanza dentro de las reglas del mercado, que le permitan seguir reproduciendo las élites que dominan el mundo de los negocios y la sociedad en Chile. Pero, igualmente, el Estado de Chile necesita, por otro lado, garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones para los jóvenes de todos los sectores sociales, en los cuales el único criterio de selección debe ser el de los méritos y no la cuna en donde nació.

7.- Valoramos lo expresado por la Presidenta de la Republica en su cuenta a la nación del 21 de mayo cuando subraya que: "el Estado debe tener un compromiso especial con la educación superior estatal. Hoy las universidades públicas enfrentan desafíos complejos y nosotros, como Estado, debemos contribuir a resolver esos desafíos". Y agrega: "Chile requiere de una educación pública, humanista y laica robusta y de calidad, porque ella es la principal fuente de cohesión y movilidad social". Llamamos a la Presidenta de la Republica a ser consecuente con sus dichos y a poner orden en las políticas públicas de educación, en la cual, la actual ministra, no ha entendido las modificaciones que requiere la LGE.

8. - En concusión, el actual proyecto de Ley General de Educación (LGE) no asegura la viabilidad y mejoramiento sustantivo de la Educación Pública, ni traduce los esfuerzos necesarios que debe realizar el Estado para mejorar la calidad en los resultados de aprendizaje que permitan asegurar una igualdad de oportunidades de todos los sectores sociales.

9.- Finalmente planteamos:

a.- La necesidad de una modificación sustancial del sistema de financiamiento de la educación, con la finalidad de que el Estado asegure a todos, el "derecho a la Educación" y que los recursos del Estado sean destinados efectivamente a mejorar la educación pública en su nivel básico, medio y superior.

b.- Rechazamos la LGE, ya que ella constituye una pálida reforma de la LOCE que perpetua las inequidades sociales y mantiene la exclusión de la participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

c.- Rechazamos las orientaciones y normas de la LGE, ya que ellas no recogen el amplio respaldo social del movimiento estudiantil para poner fin a la subvención Estatal del lucro en la Educación.

d.- Apoyamos el actual movimiento nacional de estudiantes, académicos y funcionarios por una educación de calidad, democrática y no excluyente que permita las condiciones para superar las desigualdades actuales y posicionar al país en condiciones de construir la sociedad justa que el país necesita para su desarrollo.

Asamblea de Académicos Universidad de Los Lagos, Puerto Montt.



(Declaración publicada originalmente en http://www.ulagos.cl/ el 4 de junio de 2008)

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