El Proyecto de ley General de Educación, actualmente en trámite en el Congreso de la República, no hace sino refrendar el principio del Estado Subsidiario tal como fue delineado en la “Declaración de Principios del Gobierno de Chile”, del 11 de marzo de 1974, documento que sentó las bases ideológicas del ordenamiento neoliberal y represivo de la dictadura de entonces. En este proyecto el Estado no pasa de ser una especie de Gran Inspector General de las diversas instituciones proveedoras de “servicios educativos”, eludiendo toda responsabilidad de fondo sobre lo que tendría que ser una genuina educación pública, de calidad, democrática, que asegure la igualdad de oportunidades para todos. En cambio, se insiste, hasta la saciedad, en una serie de normas procedimentales relativas al funcionamiento de escuelas y colegios subvencionados así como normas que regularían el Consejo Nacional de Educación, concebido como un especie de grupo de notables que como los 12 Pares de Francia en torno a la Mesa Redonda (el Consejo tiene 13 miembros, como lo comensales de la Última Cena) se reunirían a deliberar sobre autorizaciones y rechazos en la educación chilena. No es que esté en contra de que exista un Consejo Nacional de Educación; pero sí me parece inaceptable pretender hacer creer que con la existencia de este Consejo, se daría un salto cualitativo tan relevante que los nudos gordianos que hoy ahogan al sistema educativo ( y a tantos chilenos que lo sufrimos) quedarían resueltos por la sola presencia de los 13 “expertos”.
Es sintomático que el proyecto se detenga en enumerar, con cierto detalle, los objetivos terminales de la educación básica y media, y no se indique en absoluto cómo se garantizaría, por ley, el cumplimiento de estos objetivos. Se insiste, en cambio, en las sanciones que tendrían los establecimientos si no alcanzan resultados esperados, en los sistemas de control, pero un control que, sospechosamente, no obliga a los sostenedores a hacer públicos sus balances, a explicar con total transparencia cuánto dinero recibiría del estado, en qué y cómo se gastó ese dinero. El problema de fondo, sin embargo, no es mejorar los sistemas de control financiero de los sostenedores, una figura que es parte del surrealismo del estado subsidiario chileno: lo que tiene que ocurrir es que el estado chileno tiene que hacerse cargo y responsable de la educación pública en todos los niveles, y no como Inspector General sino como entidad de la que dependan los establecimientos, los profesores y funcionarios encargados de esa educación pública y, naturalmente, los estudiantes. Habrá que estudiar cómo organizar este nuevo sistema para hacerlo funcional, para que se sustente en el tiempo, para que no sea un negocio sino un genuino servicio público de calidad, democrático, cooperativo, financiado en última instancia por los impuestos de todos los chilenos pero a cargo de un estado que defienda de verdad a sus ciudadanos y no un estado, como el de ahora, que cree que subcontratando servicios educativos aseguraremos calidad y acceso democrático a la educación. Porque, en rigor, el sistema de subvenciones es la lógica de la subcontratación de servicios aplicada a la educación.
Ni que decir de la educación superior. El proyecto de LGE simplemente pasa de largo ante uno de los problemas más serios que estamos enfrentando los chilenos hoy por hoy: los elevados costos de la educación superior se están convirtiendo en una bomba de tiempo para la economía como un todo. Como el Estado no se hace cargo de la Educación Pública, la educación superior es un campo abandonado a la ley de la oferta y la demanda, algo que pretende ser morigerado con un sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad, el que, en realidad, y quizás contra la propia buena intención de quienes colaboran en los procesos de acreditación, no hace sino legitimar la educación como una competencia comercial despiadada entre instituciones. Ya sabemos que la competencia es una ilusión cuando se “compite” sin estar en igualdad de condiciones.
El asunto es que una buena LGE tendría que considerar explícitamente el rol de las universidades estatales para asegurar una educación pública superior de alta calidad y al servicio del desarrollo solidario y democrático de la nación como un todo, y el compromiso de su dueño (o sea, el estado) en materia de financiamiento (y no obligarlas a privatizarse de facto), sin perjuicio, desde luego, de que ese financiamiento vaya acompañado de exigencias (y de compromisos) de excelencia académica en lo que sea pertinente. Esta misma lógica podría ser aplicable a aquellas universidades que, no siendo estatales, cumplan un rol clave y determinante para el país más allá del lucrativo negocio de formar profesionales que terminen siendo los cuadros dirigentes y/o funcionarios para la continuidad del neoliberalismo en Chile.
El Sr. Ministro Vidal ha dicho, por los medios, que es en el Congreso donde se debaten los proyectos de ley y no a mano alzada en las salas de clases o en las asambleas estudiantiles. Sí, pero lo que no dice el Sr. Ministro es que nuestro actual Congreso no es representativo de todas las sensibilidades políticas que existen hoy en Chile, y es cada vez menos representativo. Los acuerdos entre Alianza y Concertación no son, hoy en día, sino acuerdos de una clase política crecientemente divorciada del pueblo chileno, en particular de los millones de jóvenes comprometidos con su país pero que nadie los representa en las instancias donde de dirimen los destinos de la nación. Los grandes medios masivos de alcance nacional, por su lado, silencian el problema educacional en Chile, y sólo se refieren, cuando más, a incidentes protagonizados por estudiantes y carabineros (convertido éstos en fuerza de choque del orden neoliberal). No es manera de construir democracia, en realidad. Menos con un proyecto de ley de educación, que, de aprobarse, sólo mejoraría en aspectos de procedimiento y en algunos principios generales mejor formulados que en la ley vigente el actual ordenamiento educativo de Chile. Cambios políticos de fondo siguen siendo la gran deuda que no ha pagado la clase política hoy en el poder.


Mayo de 2008